A pesar del gran esfuerzo que han venido haciendo el honorable doctor Jorge Subero Isa, la Suprema Corte de Justicia y el propio gobierno, seguimos arrastrando fallos en áreas vertebrales, una de las cuales es la Justicia nuestra, donde intelectuales, historiadores, poetas, artistas y buenos hijos del pueblo sufren, conscientes de la esterilidad de las almas de ciertos jueces, que se pudren por maldad o por inconciencia.
Ningún pueblo puede descollar sin una educación fuerte, que incluya mecanismos de justicia recios, competentes, incorruptibles, donde la ley sea un magisterio, encarnación entre los hombres de la propia divinidad.
La situación me mortifica más, porque estoy muy comprometido con el proceso democrático que con tanta lucha hemos ayudado a badear arriesgando la vida.
La decencia no puede seguir siendo ofendida. Un aparato jurídico eficiente es la mejor garantía para un pueblo. No debe ser ruinoso, y el señor Procurador General de la República debe tratar de aplicar cada vez más sus funciones.
Estoy optimista, consciente de los inmensos mecanismos que la ley pone en sus manos en su privilegiada función de representar la sociedad y el máximo Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia.
En los tratados encontramos como materia prima el derecho objetivo como el conjunto de normas y la facultad de hacer o no hacer algo así, como el derecho subjetivo, es decir el derecho objetivo y subjetivo, donde encontramos los troqueles de la condición humana en sus relaciones reciprocas en nuestras sociedad.
No siempre se aplican bien lo que dicen nuestros códigos, la doctrina, la jurisprudencia, los fundamentos y medios esenciales y las interpretaciones, dialécticas o contradiciones. Con frecuencia se distorsiona la verdad por ambiciones espurias de colegas tortuosos.
¿Quién se embarcaría en negar que el derecho legitimo es una garantía de bien, que urge como nunca, honesta y pura? Por eso hay que cerrar el paso a los cerebros corrompidos y sinuosos de almas contaminadas, de palpitaciones culpables en lo venal, de lacras perniciosas que quieren reformar sociedades, instituciones, partidos y gobiernos.
Para ser justos, hoy y siempre ha habido funcionarios íntegros, incorruptibles, y jueces y fiscales que honran la toga y el birrete.
Por ello los abogados, que somos auxiliares de la justicia, tenemos que defender siempre la ley y el Estado de derecho.
A propósito, me siento ofendido, casi frustrado como abogado, con un fallo que acaban de darle a un cliente nuestro, un juez de lo civil en primer grado en nuestra capital, donde dicho juez, en materia de referimientos, con los amplios poderes que le da la ley en la materia si no se toca el fondo del proceso, ignorándolo todo. Habíamos solicitado la designación de un administrador judicial, frente a la grave y urgente situación que nuestro cliente, el señor Lorenzo Mercedes Disla, que lo conoce medio país, que trabajó decenas de años hasta como presidente una vez de una gran empresa que vende gas y gasolina muy conocida.
De buenas a primeras, aparece nuestro cliente vendiendo sus acciones, casi la mitad de todo cuanto tenía dicha empresa, a un joven llamado Wilfredo Melo Alcántara, inclusive, con una firma falsa endosando la supuesta venta y lo comprobó nuestra Policía Nacional. La gravedad ha llegado al escándalo.
El colega prominente Ramón Tapia Espinal, en vida, que comenzamos juntos como apoderados, me dijo que ese expediente lo podría matar. Dios mío, y seguimos recibiendo impactos los abogados que quedamos vivos en este proceso.
El juez falló que no había urgencia para designar un Administrador Judicial después de más de 10 años sin decirle nada ni reportarle nada al codueño de dicha empresa, nuestro cliente engañado. Para colmo, han constituido docenas de compañías que han salido de la aludida demandada.
Hay constancia de que el supuesto comprador Wilfredo Melo Alcántara ha dicho en algunos de los juicios en los tribunales apoderados que son laboral, penal, criminal y ahora la Corte Civil de Santo Domingo, que él no conocía al supuesto vendedor de las acciones ni sabía que era presidente de dicha compañía.
En materia de referimientos, una materia tan clara, siempre que no se toque el fondo del proceso, el juez tiene poderes muy amplios, para casos como éste, donde sobran las urgencias si se quiere hacer justicia.
Esta vez, confiamos en la honorable Corte Colegiada apoderada.
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