Madrid- La Junta Electoral Central ha dado un fuerte tirón de orejas a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por una instrucción sobre una campaña de propaganda que puso en marcha en las pasadas elecciones generales. Han tenido que pasar dos años, pero, al final, la ley se impone y la ministra ha recibido la pertinente multa. No le ha debido parecer nada bien, o al menos eso se deduce de la mediación del Ministerio de Justicia, que ha dado instrucciones al Abogado del Estado para que interponga el correspondiente recurso en su defensa. Parece ser que la instrucción fue de la ministra en persona, y que la sanción también es a título personal, lo que siembra más dudas sobre la utilización de la Abogacía del Estado en el conflicto. Así le parece al Grupo Popular, que ha presentado una pregunta al ahora ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para su respuesta en Pleno en la sesión de control de esta semana. En la batería de preguntas registrada, de la que ayer informó el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, aparece una en la que se exigen explicaciones al Gobierno por las razones que le han llevado a ordenar a la Abogacía del Estado que interponga recurso frente a la sanción de la Junta Electoral Central por una infracción cometida por una candidata socialista. Será la diputada Celia Villalobos la que la defienda en el plenario. Este incidente se suma a la polémica sobre el voto de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la localidad valenciana de Beneixida en las generales de 2008. El PP también pedirá en el Congreso que explique si ha utilizado algún tipo de «influencia política» para conseguir la certificación censal. La vicepresidenta se defiende con el anuncio de medidas legales contra quien mantenga «falsedades» sobre la legalidad de su voto y con una nota de la Oficina del Censo Electoral en la que se aclara que De la Vega quedó inscrita en el censo de Beneixida en función de una resolución interpretativa de enero de ese mismo año. La lectura del PP es que esto supone reconocer que a un mes de las elecciones se cambió el censo sin publicidad para beneficiar a la vicepresidenta. «Es un hecho gravísimo sin precedentes», según Esteban González Pons.
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sábado, 21 de marzo de 2009
La Junta Electoral multa a Magdalena Álvarez por propaganda fuera de la ley
Madrid- La Junta Electoral Central ha dado un fuerte tirón de orejas a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por una instrucción sobre una campaña de propaganda que puso en marcha en las pasadas elecciones generales. Han tenido que pasar dos años, pero, al final, la ley se impone y la ministra ha recibido la pertinente multa. No le ha debido parecer nada bien, o al menos eso se deduce de la mediación del Ministerio de Justicia, que ha dado instrucciones al Abogado del Estado para que interponga el correspondiente recurso en su defensa. Parece ser que la instrucción fue de la ministra en persona, y que la sanción también es a título personal, lo que siembra más dudas sobre la utilización de la Abogacía del Estado en el conflicto. Así le parece al Grupo Popular, que ha presentado una pregunta al ahora ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para su respuesta en Pleno en la sesión de control de esta semana. En la batería de preguntas registrada, de la que ayer informó el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, aparece una en la que se exigen explicaciones al Gobierno por las razones que le han llevado a ordenar a la Abogacía del Estado que interponga recurso frente a la sanción de la Junta Electoral Central por una infracción cometida por una candidata socialista. Será la diputada Celia Villalobos la que la defienda en el plenario. Este incidente se suma a la polémica sobre el voto de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la localidad valenciana de Beneixida en las generales de 2008. El PP también pedirá en el Congreso que explique si ha utilizado algún tipo de «influencia política» para conseguir la certificación censal. La vicepresidenta se defiende con el anuncio de medidas legales contra quien mantenga «falsedades» sobre la legalidad de su voto y con una nota de la Oficina del Censo Electoral en la que se aclara que De la Vega quedó inscrita en el censo de Beneixida en función de una resolución interpretativa de enero de ese mismo año. La lectura del PP es que esto supone reconocer que a un mes de las elecciones se cambió el censo sin publicidad para beneficiar a la vicepresidenta. «Es un hecho gravísimo sin precedentes», según Esteban González Pons.
MAGDALENA ÁLVAREZ
ResponderBorrarRafael del Barco Carreras
Abril 2009. El nivel de incompetencia, la Ley de Peter, no define los ascensos en la Política. El que en las densas burocracias un excelente burócrata alcance un cargo donde se definirá como un completo desastre no nos explica los nombramientos políticos a dedo. No encaja con que el “jefe que asciende” coloca en su lugar a su entregado y pelota segundón. No es lo mismo que Chaves se empeñe en que su segundo tome su cargo y relevo en Andalucía, así en Sevilla no levantarán alfombras, le “harán la cama”, o simple sombra a su liderato, que Zapatero nombrara en su día Ministra de Fomento a Magdalena Álvarez.
Ese nombramiento, de Consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía a Ministra, dicen malpensados, fue un ascenso que también se describe en los manuales sobre burocracias. Un Jefe quitándose de encima a uno de sus más pizpiretos subordinados, para que no se convierta en enemigo, lo recomienda a un cargo mayor y alejado de su órbita, y que mejor que ¡ministra! Si en total, un ministro solo sirve para aparecer en la Tele enderezando entuertos, y siempre glorificando a Presidente y Partido (comiéndose los “marrones”) la locuaz Magdalena quizá se defendiera, además de caer alguna Obra Pública. Y si alcanzaba su nivel de incompetencia, que a él, su padrino, que la había heredado de otro de sus jefes, puede que Josep Borrell, le pillara lejos.
Repito. La señora Magdalena me descubrió una de las operaciones más truculentas del trío Narcís Serra-Maragall-De la Rosa. No se trata de la peor de sus actuaciones, a mi entender fue mucho más grave cuando Jefa de Sección en el Ministerio de Hacienda, ante el inmenso merdé en la Delegación de Hacienda de Barcelona entre el delegado e inspectores amigos de su Jefe Josep Borrel (asunto por juzgar después de casi 20 años) se le ocurrió soltar a la prensa que ella lo había descubierto pero por no “estigmatizar al Partido” se calló. ¡Cuánto habrá callado! Con su locuacidad “moderse la lengua” habrá sido terrible y sangrante. Quizá su gran baza en su exitosa vida, el hablar pero callarse, donde dije digo digo diego, amagando sin dar, hasta el ascenso soñado. La filigrana dialéctica. Pero en cuanto a mí se refiere, enterarme que mientras sufría aquella Modelo acusado de lo que para mí era culpable Javier de la Rosa (a quien yo ni conocía) mis acusadores Serra y Maragall (sabedores de lo sucedido) negociaban o le obligaban, entre otras operaciones, la compra para el PSOE o anexos con letras avaladas por el Banco Garriga Nogués de toda la prensa del Movimiento en Andalucía, y que esas letras pasados los años sumaban en los impagados incobrables y pérdidas de una Caja de Ahorros andaluza (sin estar contabilizadas en lo que resultó la real quiebra del Banco), rebasó mi ya lleno vaso de pruebas con otros socialistas cobrando talones y hasta un crédito de varios cientos de millones de pesetas para el propio Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, un mes antes de mi liberación en 1983, con el banco tocado de muerte. Ver en “Barcelona, 30 años de corrupción”.