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Imagen mediática y ejercicio político
14 de Septiembre del 2009
14 de Septiembre del 2009
Los conocimientos no están demás. La sociedad hoy día es más exigente respecto de lo bien informado que debemos estar en un mundo caracterizado por un auge de las tecnologías de la información y la comunicación. Para decirlo en el lenguaje de estos tiempos, vivimos en la sociedad de la información.Sé, sin embargo, que nadie está en capacidad de saber de todo, aunque aparezcan algunos que hablan y actúan como si todo lo supieran. Ahora bien, de lo que sí estoy consciente es de la obligatoriedad que es para un político, si quiere tener éxito, de prestarle la debida atención a los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben verse como aliados para poder lograr los objetivos en la ejecución de un programa de gobierno.
Para hacer conciencia de que lo mediático es fundamental para un político, empresario, jefe militar, etc., hay que partir del hecho de que los medios de comunicación juegan su rol de escrutador de las cosas que hacemos quienes tenemos función pública. Si hacen bien o mal su papel, no corresponde evaluarlos a quienes ejercen, en un determinado momento, una función pública.
La mediocridad en los periodistas y medios de comunicación toca rechazarla a los ciudadanos y ciudadanas, como también es a la sociedad a la que corresponde echar de los puestos a las personas que ejercen una función pública al margen de la ley, de la ética y divorciados de los intereses de la comunidad.
El político que no comprende que los medios ayudan a construir una buena gobernanza ( no para atacarlos ni tratar de desprestigiarlos) anda por muy mal camino, lo que le puede conducir al fracaso rotundo.
Para tener una buena imagen, hay que partir de esas premisas. En un mundo intercomunicado, no se hace política sin contar con una buena asesoría de comunicación. Son los medios, y no otra instancia, los que sirven la información sobre la que el público se hace un juicio respecto del mal o buen desempeño de un funcionario del Estado. Lo que diga o haga el funcionario público será objeto de debate, siempre que sus acciones afecten o beneficien a los intereses del cargo que ostenta.
La semana pasada, por ejemplo, el asistente de medio ambiente del presidente Barack Obama, el señor Van Jones, se vio obligado a presentarle su dimisión, porque, entre otras lindezas, le acusaban de ser parte del supuesto grupo de radicales de izquierda, nombrado por el presidente de los Estados Unidos.
Esa acusación no tiene importancia alguna por prejuiciada desde el punto de vista político. El señor Jones tiene derecho a pertenecer a la corriente ideológica que él decida.
Esa campaña de ataques de los conservadores contra Jones, tenía otros ingredientes sobre los cuales me voy a referir. Plantearon que el funcionario había proferido contra ellos expresiones soeces en San Francisco que la prensa decidió no publicar por el calibre de su contenido. A Jones se le acusa también de que supuestamente firmó un documento en el que, junto a un grupo de personas, pedía investigar la implicación del gobierno de Bush en los atentados del 11 de septiembre. Si esta idea tan peregrina se le ha ocurrido a alguien, lo más prudente es no hacerse eco de ella.
Lo que deseo dejar por sentada es la necesidad de entender que los medios de comunicación tienen su interpretación de la realidad y sobre sus protagonistas. Que hay periodistas y medios en el mundo que se pueden catalogar de talibanes, cuyo ejercicio poco sirve a la verdad y al bien común. Ciertamente, pero no es a nadie de manera particular que corresponde juzgarlos, mucho menos a empresarios o políticos que no creen en la libertad de prensa. La mala práctica periodística, como toda cosa en la vida, cae por su propio peso.
Para concluir, quiero citar de ejemplo un caso local: es el que tiene que ver con la polémica sobre la Ley 200-04 sobre el Libre Acceso a la Información Pública.
A quién se le ocurre plantear que la Ley de Libre Acceso a la Información debe ser modificada, a menos que sea para fortalecerla con el fin de que su aplicación y funcionamiento estén garantizados. La debilidad que se le puede atribuir a esa Ley es que no hace una clasificación de las informaciones. Entiendo que aquellas que representan peligro para la seguridad del Estado, u otras de carácter estratégico, deben estar reservadas para su eventual publicación en el futuro. Ese es un tema del cual se puede debatir, pero hablar en sentido contrario es, como político, ponerse de pechuga, o como dicen en Colombia “dar papaya”.
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