PRESIDENTE HABLARÁ AL PAÍS ESTE LUNES
La desconfianza hacia el Gobierno genera rechazo a reforma tributaria
Los incumplimientos constantes en las promesas de austeridad crean incredulidad.
Edwin Ruiz/Clave Digital
El presidente Leonel Fernández junto a la pasada presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elena Viyella de Paliza. La reforma tributaria ha distanciado a los empresarios y al Gobierno.
Clave Digital/Archivo.
(El presidente Leonel Fernández Reyna hablará la noche de este lunes, a las 9, para explicar en detalle su proyecto de reforma tributaria. El discurso del gobernante será transmitido por una cadena de radio y televisión que tendrá como cabeza a la Corporación Estatal de Radio y Televisión).
SANTO DOMINGO, DN.-Pocas veces el sector empresarial dominicano ha manifestado una oposición tan monolítica y tajante a una reforma tributaria, como la que mantiene a las actuales intenciones del Gobierno de emprender “rectificación fiscal”.
A diferencia de las dos ocasiones anteriores (2004 y 2005) en que la presente administración ejecutó reformas tributarias, en esta coyuntura, además de los nuevos impuestos, el Gobierno enfatiza en la promesa de reducir el gasto público.
Con el propósito de sortear la oposición empresarial a la reforma, en su discurso del 14 de noviembre el presidente Leonel Fernández prometió “drásticos” recortes en el gasto del aparato gubernamental, lo que implicaría un ahorro de 17.5 miles millones de pesos. Sin embargo, la oposición persiste.
El 27 de noviembre, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) deploró que el tema de la reforma fiscal “esté siendo manejado en forma confusa, como si estuviera en manos de neófitos o aficionados, en lugar de personas con experiencia de Estado”.
Ese mismo día, la Asociación de Industria de la República Dominicana expresó que es innecesario aplicar nuevos impuestos, porque con algunos ajustes en el gasto público (recortes en los subsidios a la electricidad, al GLP y en el gasto corriente en general), el Gobierno puede en 2007 lograr un superávit de 1,597 millones de pesos (0.13% del PIB).
La postura de los empresarios trasluce una desconfianza en la promesa del Gobierno de reducir el gasto.
También muestra incredulidad sobre la necesidad que el Poder Ejecutivo dice tener de nuevos ingresos para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un superávit primario (balance global menos gastos en intereses) de 2.3% en el sector público consolidado, esto es, el saldo del Gobierno más el déficit del Banco Central.
En otro intento de convencerlos de la necesidad de la reforma, el 21 de noviembre, el presidente Fernández y el equipo económico se reunieron con los representantes empresariales en el Palacio Nacional.
Al día siguiente, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Elena Viyella, declaró: “Nosotros estamos en desacuerdo (con la reforma) porque entendemos que hay otras alternativas que nos permitirían cumplir con los requerimientos del FMI, sin tener que recurrir a crear más impuestos”.
Origen
La incredulidad empresarial y del resto de las organizaciones sociales tiene raíces en varios hechos del pasado reciente. Estos son sólo algunos de ellos:
1. Tras tomar posesión de su segundo mandato, en agosto de 2004, el presidente Leonel Fernández anunció un “Plan de Austeridad” que incluía un recorte de la nómina del Gobierno Central en 20 por ciento.
Con respecto a septiembre de 2003, cuando la matrícula de la administración pública ascendía a 322 mil 312 personas, el recorte logrado en el mismo mes de 2004 fue apenas de 0.5 por ciento.
2. En la primera carta de intención para el acuerdo con el FMI, firmado en enero de 2005, el Gobierno se comprometió a congelar su nómina al nivel de octubre de 2004. Para finales de septiembre de 2004, el Banco Central estimaba el tamaño de la nómina del Gobierno Central en 320 mil 558 empleados públicos.
La institución estima en 326 mil 720 esa misma nómina para finales de septiembre de 2006. Para la misma fecha, la Contraloría General de la República informó, sin embargo, que el tamaño es de 358 mil 142 empleados.
3. En diciembre de 2005 el Gobierno ejecutó su segunda reforma tributaria, en ese entonces llamada “compensatoria o neutra”. Se comprometió con el FMI a mantener un presupuesto equilibrado, con déficit cero.
En medio de una coyuntura electoral, el Gobierno Central terminó el primer semestre de 2006 con un déficit de 5,712.5 millones de pesos (0.99% del PIB). El desglose del crecimiento de algunas partidas del gasto revela algunas de las prioridades del Gobierno. Según el economista y especialista en temas presupuestarios, Nelson Suárez.
Entre enero y agosto pasados el gasto en propaganda se incrementó 54.9%, mientras el gasto en materiales y suministro subió 143.3% (al alcanzar 9,446.5 millones de pesos). El gasto en sueldos de personal contratado y suplente aumentó 143.7%.
4. Para el 2006, el Congreso aprobó una apropiación del gasto ascendente a 239,430.7 millones de pesos. Los reportes de finales de septiembre del Sistema Integrado de Gestión Financiera revelan que el Gobierno opera con un apropiación del gasto de 242,926.1 millones de pesos, 3,495.3 millones superior al monto aprobado por el Congreso.
Esto incluye un aumento en la proyección de gasto en nómina pública de 1,928.3 millones por encima de los estipulado en la Ley de Gasto Público de este año.
Además, los informes revelan un incremento en la partida “transporte”, del renglón servicios económicos, de 598.4 millones. En ese renglón está a la Oficina del Metro. El informe muestra además un recorte en el gasto funcional en salud de 297.3 millones de pesos.
Rol del FMI
La AEIH calificó el lunes pasado como “desatinado” el protagonismo que se la ha dado al FMI. El 3 de noviembre, el Gobierno convocó en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional a empresarios, economistas, ejecutivos de la prensa y a las organizaciones sociales.
Fue una reunión donde Andy Wolfe, directivo del FMI, se propuso explicar a los asistentes “la necesidad” de una “rectificación” tributaria que incremente los ingresos en 3% del PIB.
Este “refuerzo importado”, según la expresión de los industriales, aparentó ser un movimiento del Gobierno para contagiar su reforma con lo que entiende la credibilidad del FMI. El miércoles estaba pautada otra reunión con los empresarios, pero el FMI la suspendió.
El otro ingrediente: Las contradicciones en Gobierno
“No hay impuestos improcedentes”, expresó Vicente Bengoa, secretario de Estado de Finanzas, al reaccionar a la declaración que dos días antes había dado el secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás.
En la noche del 15 de noviembre, Montás dijo que el Gobierno trabajaba para introducir algunas nuevas figuras en sustitución de otras que consideró “improcedentes”. Luego Bengoa lo desmintió: “No hay modificaciones... ni que lo diga Jesucristo”.
Las contradicciones entre los funcionarios del Gobierno ha contribuido a la confusión y a la incredulidad hacia las palabras del Gobierno.
El mismo Bengoa atribuyó a sectores “malintencionados” las versiones de que se gravarían con el Itbis algunos productos de la canasta familiar.
Pero el proyecto de reforma, elaborado por la Secretaría de Estado de Finanzas, ministerio que él encabeza, y entregado al presidente Leonel Fernández incluyó de forma original gravar el aceite, el azúcar, el chocolate, la margarina, el café y los quesos. Luego, el mandatario decidió excluir estos productos, pero serán gravados aún más los combustibles, los inmuebles, los servicios de cargas y las bebidas.
La desconfianza hacia el Gobierno genera rechazo a reforma tributaria
Los incumplimientos constantes en las promesas de austeridad crean incredulidad.
Edwin Ruiz/Clave Digital
El presidente Leonel Fernández junto a la pasada presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elena Viyella de Paliza. La reforma tributaria ha distanciado a los empresarios y al Gobierno.
Clave Digital/Archivo.
(El presidente Leonel Fernández Reyna hablará la noche de este lunes, a las 9, para explicar en detalle su proyecto de reforma tributaria. El discurso del gobernante será transmitido por una cadena de radio y televisión que tendrá como cabeza a la Corporación Estatal de Radio y Televisión).
SANTO DOMINGO, DN.-Pocas veces el sector empresarial dominicano ha manifestado una oposición tan monolítica y tajante a una reforma tributaria, como la que mantiene a las actuales intenciones del Gobierno de emprender “rectificación fiscal”.
A diferencia de las dos ocasiones anteriores (2004 y 2005) en que la presente administración ejecutó reformas tributarias, en esta coyuntura, además de los nuevos impuestos, el Gobierno enfatiza en la promesa de reducir el gasto público.
Con el propósito de sortear la oposición empresarial a la reforma, en su discurso del 14 de noviembre el presidente Leonel Fernández prometió “drásticos” recortes en el gasto del aparato gubernamental, lo que implicaría un ahorro de 17.5 miles millones de pesos. Sin embargo, la oposición persiste.
El 27 de noviembre, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) deploró que el tema de la reforma fiscal “esté siendo manejado en forma confusa, como si estuviera en manos de neófitos o aficionados, en lugar de personas con experiencia de Estado”.
Ese mismo día, la Asociación de Industria de la República Dominicana expresó que es innecesario aplicar nuevos impuestos, porque con algunos ajustes en el gasto público (recortes en los subsidios a la electricidad, al GLP y en el gasto corriente en general), el Gobierno puede en 2007 lograr un superávit de 1,597 millones de pesos (0.13% del PIB).
La postura de los empresarios trasluce una desconfianza en la promesa del Gobierno de reducir el gasto.
También muestra incredulidad sobre la necesidad que el Poder Ejecutivo dice tener de nuevos ingresos para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de un superávit primario (balance global menos gastos en intereses) de 2.3% en el sector público consolidado, esto es, el saldo del Gobierno más el déficit del Banco Central.
En otro intento de convencerlos de la necesidad de la reforma, el 21 de noviembre, el presidente Fernández y el equipo económico se reunieron con los representantes empresariales en el Palacio Nacional.
Al día siguiente, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Elena Viyella, declaró: “Nosotros estamos en desacuerdo (con la reforma) porque entendemos que hay otras alternativas que nos permitirían cumplir con los requerimientos del FMI, sin tener que recurrir a crear más impuestos”.
Origen
La incredulidad empresarial y del resto de las organizaciones sociales tiene raíces en varios hechos del pasado reciente. Estos son sólo algunos de ellos:
1. Tras tomar posesión de su segundo mandato, en agosto de 2004, el presidente Leonel Fernández anunció un “Plan de Austeridad” que incluía un recorte de la nómina del Gobierno Central en 20 por ciento.
Con respecto a septiembre de 2003, cuando la matrícula de la administración pública ascendía a 322 mil 312 personas, el recorte logrado en el mismo mes de 2004 fue apenas de 0.5 por ciento.
2. En la primera carta de intención para el acuerdo con el FMI, firmado en enero de 2005, el Gobierno se comprometió a congelar su nómina al nivel de octubre de 2004. Para finales de septiembre de 2004, el Banco Central estimaba el tamaño de la nómina del Gobierno Central en 320 mil 558 empleados públicos.
La institución estima en 326 mil 720 esa misma nómina para finales de septiembre de 2006. Para la misma fecha, la Contraloría General de la República informó, sin embargo, que el tamaño es de 358 mil 142 empleados.
3. En diciembre de 2005 el Gobierno ejecutó su segunda reforma tributaria, en ese entonces llamada “compensatoria o neutra”. Se comprometió con el FMI a mantener un presupuesto equilibrado, con déficit cero.
En medio de una coyuntura electoral, el Gobierno Central terminó el primer semestre de 2006 con un déficit de 5,712.5 millones de pesos (0.99% del PIB). El desglose del crecimiento de algunas partidas del gasto revela algunas de las prioridades del Gobierno. Según el economista y especialista en temas presupuestarios, Nelson Suárez.
Entre enero y agosto pasados el gasto en propaganda se incrementó 54.9%, mientras el gasto en materiales y suministro subió 143.3% (al alcanzar 9,446.5 millones de pesos). El gasto en sueldos de personal contratado y suplente aumentó 143.7%.
4. Para el 2006, el Congreso aprobó una apropiación del gasto ascendente a 239,430.7 millones de pesos. Los reportes de finales de septiembre del Sistema Integrado de Gestión Financiera revelan que el Gobierno opera con un apropiación del gasto de 242,926.1 millones de pesos, 3,495.3 millones superior al monto aprobado por el Congreso.
Esto incluye un aumento en la proyección de gasto en nómina pública de 1,928.3 millones por encima de los estipulado en la Ley de Gasto Público de este año.
Además, los informes revelan un incremento en la partida “transporte”, del renglón servicios económicos, de 598.4 millones. En ese renglón está a la Oficina del Metro. El informe muestra además un recorte en el gasto funcional en salud de 297.3 millones de pesos.
Rol del FMI
La AEIH calificó el lunes pasado como “desatinado” el protagonismo que se la ha dado al FMI. El 3 de noviembre, el Gobierno convocó en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional a empresarios, economistas, ejecutivos de la prensa y a las organizaciones sociales.
Fue una reunión donde Andy Wolfe, directivo del FMI, se propuso explicar a los asistentes “la necesidad” de una “rectificación” tributaria que incremente los ingresos en 3% del PIB.
Este “refuerzo importado”, según la expresión de los industriales, aparentó ser un movimiento del Gobierno para contagiar su reforma con lo que entiende la credibilidad del FMI. El miércoles estaba pautada otra reunión con los empresarios, pero el FMI la suspendió.
El otro ingrediente: Las contradicciones en Gobierno
“No hay impuestos improcedentes”, expresó Vicente Bengoa, secretario de Estado de Finanzas, al reaccionar a la declaración que dos días antes había dado el secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás.
En la noche del 15 de noviembre, Montás dijo que el Gobierno trabajaba para introducir algunas nuevas figuras en sustitución de otras que consideró “improcedentes”. Luego Bengoa lo desmintió: “No hay modificaciones... ni que lo diga Jesucristo”.
Las contradicciones entre los funcionarios del Gobierno ha contribuido a la confusión y a la incredulidad hacia las palabras del Gobierno.
El mismo Bengoa atribuyó a sectores “malintencionados” las versiones de que se gravarían con el Itbis algunos productos de la canasta familiar.
Pero el proyecto de reforma, elaborado por la Secretaría de Estado de Finanzas, ministerio que él encabeza, y entregado al presidente Leonel Fernández incluyó de forma original gravar el aceite, el azúcar, el chocolate, la margarina, el café y los quesos. Luego, el mandatario decidió excluir estos productos, pero serán gravados aún más los combustibles, los inmuebles, los servicios de cargas y las bebidas.
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