WASHINGTON
EL SENADOR republicano Mel Martínez, en el centro a la izquierda, estrecha la mano de su colega demócrata Ted Kennedy. Observan el saludo el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, a la derecha, y el secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, a la izquierda.
Cronología de leyes migratorias
Cláusulas del acuerdo migratorio
Camino a la cuidadanía
JULIE HIRSCHFELD DAVIS / APLa Casa Blanca e influyentes senadores de los dos partidos anunciaron ayer un acuerdo sobre inmigración que daría estatus legal a millones de indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos, a la vez que reforzaría la frontera.
El presidente George W. Bush dijo que el proyecto ``ayudaría a reforzar nuestras fronteras, e igual de importante, tratará con respeto a las personas''.
''Este es un proyecto por el cual las personas que viven en nuestro país serán tratadas sin amnistía, pero sin enemistad'', dijo Bush.
El acuerdo fue el fruto de semanas de negociaciones a puertas cerradas entre los demócratas más liberales, los republicanos más conservadores y funcionarios del gabinete de Bush. El proyecto, sumamente complejo y cargado de consecuencias políticas, aún enfrenta una larga batalla en ambas cámaras, y su aprobación dista de estar asegurada.
Se crearía un programa de trabajadores temporales para traer personal a Estados Unidos y otro especial para los trabajadores agrícolas. Los conocimientos y el nivel educativo tendrían mayor importancia que los vínculos familiares para decidir si el inmigrante puede acceder a la residencia permanente. Se tomarían medidas de verificación de empleo de alta tecnología para determinar si el trabajador se encuentra legalmente en el país.
El senador demócrata Edward M. Kennedy, uno de los principales participantes en las negociaciones, dijo que ``el acuerdo que hemos alcanzado es la mejor oportunidad posible que tendremos en años para garantizar la integridad de nuestras fronteras y sacar a millones de personas de la sombra''.
Sin embargo, en anticipación a las críticas de sus detractores, especialmente los que consideran que los senadores pecaron de generosos a la hora de pasar por alto la entrada y permanencia ilegal de millones de indocumentados, el senador republicano Arlen Specter se apresuró a aclarar que ``no se trata de una amnistía. El proyecto restaurará el imperio de la ley''.
El tema de la inmigración dividió igualmente a demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes, que no actuará a no ser que el Senado apruebe primero el proyecto de ley.
El plan propuesto permitirá a los inmigrantes ilegales declarar su situación ante las autoridades y obtener un ''visado del tipo Z'' y --tras el pago de los costos judiciales y una multa de $5,000-- quedarán a la postre en condición de solicitar la residencia permanente, lo que podría demorar entre ocho y 13 años. Los cabezas de familia tendrían que regresar primero a sus países de origen.
Los indocumentados podrán declarar de inmediato su condición ilegal para obtener un permiso provisional de residencia que les permitirá vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, aunque no podrán iniciar el proceso de residencia permanente o la solicitud de ciudadanía hasta que se mejore la seguridad fronteriza y se complete el sistema para la identificación de la situación legal de todos los trabajadores extranjeros.
Un nuevo programa de trabajadores temporales tendrá que aguardar hasta que sean activados los ''mecanismos'' de inmigración.
Esos trabajadores tendrán que regresar a sus países de origen tras una permanencia en Estados Unidos de dos años, con pocas posibilidades de obtener un estatus de permanencia legal o naturalizarse ciudadanos estadounidenses. Podrán renovar dos veces sus permisos temporales de trabajo pero tendrán que abandonar el país durante un año entre cada renovación.
Los demócratas querían un programa de trabajadores temporales a quienes les sería permitido permanecer y trabajar indefinidamente en Estados Unidos.
El arreglo se logró tras semanas de intensas negociaciones a puerta cerrada, en las que los sectores más liberales de los demócratas y los más conservadores de los republicanos tuvieron que allanar discrepancias con el gobierno a fin de lograr un complejo pacto de enormes consecuencias políticas.
El plan también crearía un programa temporal de trabajo para permitir nuevas llegadas profesionales a Estados Unidos. Un programa separado cubriría a los trabajadores agrícolas. La puesta en servicio de los últimos adelantos tecnológicos con fines policiales será requisito obligatorio para verificar que los trabajadores extranjeros residen legalmente en Estados Unidos.
El momento clave ocurrió cuando los negociadores llegaron a un acuerdo en el llamado ''sistema de puntos'', que dará por primera vez prioridad a los inmigrantes con elevados niveles de estudios y formación profesional frente a los lazos familiares a la hora de decidir la concesión de los permisos de residencia. Los republicanos han insistido desde hace tiempo en cambiar las previsiones familiares para terminar con la ''cadena migratoria'' que daña la economía, mientras que algunos demócratas y los activistas liberales sostienen que el cambio es injusto porque divide a las familias.
Con el plan, los lazos familiares no serán ya suficientes para obtener un permiso de residencia, salvo en el caso de los esposos extranjeros y los hijos menores de ciudadanos estadounidenses.
Además, serán impuestas nuevas limitaciones a los ciudadanos estadounidenses que intenten traer de forma permanente a Estados Unidos a sus padres nacidos en el extranjero.
El proyecto de ley ''facilita el abandono de la ilegalidad hacia un estatus legal para aquellos que se encuentran actualmente aquí'', proclamó la senadora demócrata Dianne Feinstein.
Cronología de leyes migratorias
Cláusulas del acuerdo migratorio
Camino a la cuidadanía
JULIE HIRSCHFELD DAVIS / APLa Casa Blanca e influyentes senadores de los dos partidos anunciaron ayer un acuerdo sobre inmigración que daría estatus legal a millones de indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos, a la vez que reforzaría la frontera.
El presidente George W. Bush dijo que el proyecto ``ayudaría a reforzar nuestras fronteras, e igual de importante, tratará con respeto a las personas''.
''Este es un proyecto por el cual las personas que viven en nuestro país serán tratadas sin amnistía, pero sin enemistad'', dijo Bush.
El acuerdo fue el fruto de semanas de negociaciones a puertas cerradas entre los demócratas más liberales, los republicanos más conservadores y funcionarios del gabinete de Bush. El proyecto, sumamente complejo y cargado de consecuencias políticas, aún enfrenta una larga batalla en ambas cámaras, y su aprobación dista de estar asegurada.
Se crearía un programa de trabajadores temporales para traer personal a Estados Unidos y otro especial para los trabajadores agrícolas. Los conocimientos y el nivel educativo tendrían mayor importancia que los vínculos familiares para decidir si el inmigrante puede acceder a la residencia permanente. Se tomarían medidas de verificación de empleo de alta tecnología para determinar si el trabajador se encuentra legalmente en el país.
El senador demócrata Edward M. Kennedy, uno de los principales participantes en las negociaciones, dijo que ``el acuerdo que hemos alcanzado es la mejor oportunidad posible que tendremos en años para garantizar la integridad de nuestras fronteras y sacar a millones de personas de la sombra''.
Sin embargo, en anticipación a las críticas de sus detractores, especialmente los que consideran que los senadores pecaron de generosos a la hora de pasar por alto la entrada y permanencia ilegal de millones de indocumentados, el senador republicano Arlen Specter se apresuró a aclarar que ``no se trata de una amnistía. El proyecto restaurará el imperio de la ley''.
El tema de la inmigración dividió igualmente a demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes, que no actuará a no ser que el Senado apruebe primero el proyecto de ley.
El plan propuesto permitirá a los inmigrantes ilegales declarar su situación ante las autoridades y obtener un ''visado del tipo Z'' y --tras el pago de los costos judiciales y una multa de $5,000-- quedarán a la postre en condición de solicitar la residencia permanente, lo que podría demorar entre ocho y 13 años. Los cabezas de familia tendrían que regresar primero a sus países de origen.
Los indocumentados podrán declarar de inmediato su condición ilegal para obtener un permiso provisional de residencia que les permitirá vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, aunque no podrán iniciar el proceso de residencia permanente o la solicitud de ciudadanía hasta que se mejore la seguridad fronteriza y se complete el sistema para la identificación de la situación legal de todos los trabajadores extranjeros.
Un nuevo programa de trabajadores temporales tendrá que aguardar hasta que sean activados los ''mecanismos'' de inmigración.
Esos trabajadores tendrán que regresar a sus países de origen tras una permanencia en Estados Unidos de dos años, con pocas posibilidades de obtener un estatus de permanencia legal o naturalizarse ciudadanos estadounidenses. Podrán renovar dos veces sus permisos temporales de trabajo pero tendrán que abandonar el país durante un año entre cada renovación.
Los demócratas querían un programa de trabajadores temporales a quienes les sería permitido permanecer y trabajar indefinidamente en Estados Unidos.
El arreglo se logró tras semanas de intensas negociaciones a puerta cerrada, en las que los sectores más liberales de los demócratas y los más conservadores de los republicanos tuvieron que allanar discrepancias con el gobierno a fin de lograr un complejo pacto de enormes consecuencias políticas.
El plan también crearía un programa temporal de trabajo para permitir nuevas llegadas profesionales a Estados Unidos. Un programa separado cubriría a los trabajadores agrícolas. La puesta en servicio de los últimos adelantos tecnológicos con fines policiales será requisito obligatorio para verificar que los trabajadores extranjeros residen legalmente en Estados Unidos.
El momento clave ocurrió cuando los negociadores llegaron a un acuerdo en el llamado ''sistema de puntos'', que dará por primera vez prioridad a los inmigrantes con elevados niveles de estudios y formación profesional frente a los lazos familiares a la hora de decidir la concesión de los permisos de residencia. Los republicanos han insistido desde hace tiempo en cambiar las previsiones familiares para terminar con la ''cadena migratoria'' que daña la economía, mientras que algunos demócratas y los activistas liberales sostienen que el cambio es injusto porque divide a las familias.
Con el plan, los lazos familiares no serán ya suficientes para obtener un permiso de residencia, salvo en el caso de los esposos extranjeros y los hijos menores de ciudadanos estadounidenses.
Además, serán impuestas nuevas limitaciones a los ciudadanos estadounidenses que intenten traer de forma permanente a Estados Unidos a sus padres nacidos en el extranjero.
El proyecto de ley ''facilita el abandono de la ilegalidad hacia un estatus legal para aquellos que se encuentran actualmente aquí'', proclamó la senadora demócrata Dianne Feinstein.
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